Ley de Recuperación del Mar Menor
El Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica y La Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor comparten un enfoque similar en cuanto a sus fines y objetivos ambientales. En ambos casos se promueve una gestión agraria que minimice los impactos sobre el medio, favoreciendo sistemas productivos más sostenibles y resilientes. De este modo, aunque ambas normativas responden a escalas y objetivos específicos distintos, uno productivo y otro territorial, comparten una misma orientación hacia la sostenibilidad ambiental y la reducción de los impactos negativos de la actividad agraria.
En relación con las obligaciones y limitaciones que establecen, también se observan importantes puntos de convergencia. La producción ecológica, supone el cumplimiento voluntario del Reglamento (UE) 2018/848, que establece normas estrictas sobre el uso de insumos (prohíbe fertilizantes de síntesis química, limita los productos fitosanitarios, ect.) al tiempo que promueve la fertilidad del suelo mediante prácticas basadas en procesos biológicos (rotaciones de cultivos, cubiertas vegetales, etc.). Por su parte, la ley del Mar Menor ha introducido un conjunto de medidas obligatorias para las explotaciones agrícolas de la cuenca (limitaciones en el uso de fertilizantes minerales, implantación de estructuras vegetales, prácticas de prevención de la erosión, etc.), para reducir el aporte de nutrientes al ecosistema lagunar.
Muchas de las prácticas exigidas por la ley regional coinciden con los principios y técnicas propias de la producción ecológica, y en determinados aspectos, las limitaciones establecidas por la Ley 3/2020 pueden incluso resultar más restrictivas. Mientras que el reglamento ecológico se centra fundamentalmente en la prohibición de insumos de síntesis química y en la regulación del uso de fertilizantes orgánicos, la normativa específica del Mar Menor introduce además restricciones territoriales y medidas técnicas dirigidas a evitar el transporte de nutrientes hacia la laguna. Entre ellas se incluyen la obligación de ajustar la fertilización mediante planes de abonado basados en análisis, limitaciones temporales y espaciales a la fertilización en determinadas zonas, la implantación de franjas de protección y barreras vegetales, así como medidas destinadas a controlar escorrentías y drenajes agrícolas. Estas exigencias responden a la necesidad de proteger un ecosistema especialmente vulnerable y, en la práctica, suponen en algunos casos condicionantes de manejo, iguales o incluso más estrictos que los establecidos con carácter general por la normativa de producción ecológica.
En la siguiente infografía se puede consultar con más detalle un análisis comparativo entre la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor y el Reglamento (UE) 2018/848, diferenciado según la zonificación establecida en la Ley 3/2020.
En este contexto, la producción ecológica resulta una vía coherente y especialmente adecuada para avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales de la normativa del Mar Menor, ya que integra de forma sistemática muchas de las prácticas recogidas en la ley. Para los agricultores de la cuenca, la adopción del modelo de producción ecológica supone, en gran medida, cumplir con requisitos similares a los que ya establece de forma obligatoria la legislación regional en materia de gestión del suelo, fertilización o control de insumos.
Sin embargo, la producción ecológica permite además obtener un reconocimiento oficial y diferenciado de la producción en el mercado, mediante un sistema de certificación reconocido a nivel europeo que pone en valor los esfuerzos ambientales realizados por los productores. De este modo, la conversión a producción ecológica no solo contribuye a la protección del Mar Menor y a la mejora de la sostenibilidad agraria del territorio, sino que también puede representar una oportunidad para mejorar el posicionamiento comercial de las explotaciones agrícolas y reforzar la viabilidad económica de los sistemas productivos.